CULPABLES POR “TRAICIÓN AL PUEBLO”

El jueves 29 de abril la Asociación Madres de Plaza de Mayo realizó un juicio ético y político a los periodistas cómplices con la dictadura. Fue en Plaza de Mayo en la víspera de sus 33 años de lucha.



domingo, 2 de mayo de 2010

Juicio Ético y Político a los Periodistas Cómplices de la Dictadura

A las 17 en punto, y sobre un escenario montado frente a la Pirámide de Mayo, Pedro Lanteri, director de La Voz de las Madres-AM 530, dio comienzo al juicio, informando todos los que ya anteriormente habían realizado las Madres para juzgar a aquellos que las justicia ordinaria aún se niega a condenar: los militares genocidas, los médicos que asistieron a las salas de tortura, Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, entre otros.

Lanteri, que ofició como secretario del Juzgado, presentó a la Presidenta del Tribunal, Hebe de Bonafini, y a los fiscales: el Dr. Sergio Gandolfo, abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo; la licenciada en comunicación social, Lucia García; y el periodista Luis Zarranz, ambos integrantes del Equipo de Prensa Madres.

Para comenzar, la fiscalía citó a declarar al licenciado y periodista Hugo Ruano, como perito comunicacional, para que analizara –en base a pruebas documentales- la construcción del discurso de los medios de comunicación durante la dictadura.

Luego, y mientras la Plaza se iba colmando de gente deseosa y ansiosa por ser parte del jurado, la fiscalía convocó a Claudia Acuña, periodista de la cooperativa lavaca y de amplia trayectoria en diversos medios, para que brindase testimonio.

“Mi hipótesis es que el plan criminal que llevó adelante la dictadura incluyó a un grupo de medios y personas cuya tarea fue difundir, sostener y justificar la máquina de terror”, comenzó expresando. “Tomo como base un caso testigo: el de la editorial Atlántida, por entonces propiedad de la familia Vigil y editora de la revista Gente, en esos años dirigida por Samuel Gelblung; la revista Somos, cuya edición política estuvo a cargo de Gustavo Landívar y la secretaría de redacción la desempeñaron Héctor D’ Amico (hoy secretario general del diario La Nación) y Jorge de Luján Gutierrez (hoy director de la revista Gente) y la revista Para Ti, dirigida por Lucrecia Gordillo y Agustín Botinelli”, agregó.

Así, fue aportando al tribunal pruebas contundentes sobre la complicidad de esa editorial con la dictadura. De esta forma, se leyeron diversos artículos, por ejemplo, la absurda carta que publicó “El Gráfico”, en la que se falsificaba la firma de Ruud Krol, capitán de la selección holandesa de fútbol, para refutar las acusaciones de la que denominaban “campaña anti-argentina”. “Este es el nivel que tiene el infierno. Es un insulto que esto se llame periodismo, esto es propaganda, insulta a mi profesión”, afirmó Acuña.

Además, aportó una serie de notas publicadas por la editorial entre las que se encontraba una entrevista a Thelma Jara de Cabezas, cautiva y torturada en la ESMA, a quien obligaron a hacer un reportaje para la revista Para Tí. Otro caso similar fue el de la nota “Cómo viven los desertores de la subversión” que Somos publicó en diciembre de 1977, con fotos de un supuesto “centro de rehabilitación para extremistas”. “Mostrar estas fotos conociendo lo que fueron los centros clandestinos de detención da miedo”, apuntó Acuña.

La periodista también recordó cómo José Claudio Escribano se pronunció en favor de la dictadura en 1981, ante la asamblea de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), leyó una editorial en la Máximo Gainza Castro, director de La Prensa, tras sostener que “el éxito obtenido por las Fuerzas Armadas contra la subversión es de pública notoriedad” consideraba sobre la situación del país: “los derechos existen, las garantías constituciones existen”.

“No encuentro mejor manera de concluir todo lo que estas pruebas representan que con las palabras que le dijo Risha Timerman al entonces director de La Nación, Claudio Escribano. Fue cuando Risha asistió con sus hijos a una reunión de la SIP realizada en 1981 para denunciar el arresto y las torturas a la que era sometido su esposo Jacobo. Escribano, sentado en la primera fila, desmintió su testimonio acusando a Risha de mentirosa ya que en Argentina y en plena dictadura había libertad de expresión. Fue entonces cuando Risha le dijo: ‘Nadie te pide tanto’.

‘Nadie les pidió tanto’ podríamos decirles hoy a quienes ayer, 28 de abril de 2010, distinguieron a José Claudio Escribano como miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas”, reflexionó con contundencia, Claudia.

Posteriormente, la fiscalía citó a Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, órgano creado a partir de la nueva ley de medios. Busso se refirió al sistema de medios en relación a la doctrina de seguridad nacional y en función del mercado. Al respecto, hizo especial hincapié en cómo los medios alentaron la Ley de Radiodifusión impuesta por la dictadura el 15 de septiembre de 1980, que “benefició a los cómplices del Proceso”, en detrimento con las críticas que le propinan a la ley de medios de la democracia, debatida y consensuada en diversos foros y aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, precisamente por democratizar la comunicación.

Luego, la fiscalía convocó al locutor y periodista José María Schinocca para que leyera un texto de José Pablo Feimann, enviado ante la imposibilidad de poder asistir a la actividad. El artículo refería a Mariano Grondona, uno de los más acérrimos defensores y de la dictadura militar: “Como ideólogo del sistema de la oligarquía agraria y ganadera, de la Iglesia, de la oligarquía financiera empresarial y de la guerra que el Occidente cristiano libraba contra la penetración marxista en el Continente, habría de defender a todo aquel que, en el momento que fuera, encarnara la lucha contra esos valores”, pudo escuchar en un fragmento del texto.

Acto seguido, el fiscal Gandolfo convocó al estrado al periodista de Página/12 Carlos Rodríguez, quien se refirió a Samuel “Chiche” Gelblung por su papel como director de la revista Gente durante la dictadura. Además, leyó una nota de felicitación del dictador Jorge Rafael Videla a la revista por el papel que estaban desempeñando. Asimismo, hizo referencia a Rolando Hanglin, quien en aquellos años hablaba en contra de “la campaña antiargentina en el exterior.

El testigo, muñido de abundante prueba documental, conservada en sus versiones originales, fue contundente y preciso para referirse a la cobertura de la guerra de Malvinas y a lo que consideró el botín de la complicidad entre la dictadura y los medios: Papel Prensa. Antes de terminar su testimonio, Rodríguez mostró los partes que Rodolfo Walsh mandaba desde la agencia Ancla a todas las redacciones. “Ningún periodista que haya trabajado en esa época puede decir que no sabía lo que estaba pasando.”, afirmó.

Por último, los fiscales convocaron al cuarto y último testigo, el periodista y abogado Pablo Llonto. Al igual que los tres testigos anteriores, Llonto brindó prueba documental de cada uno de sus dichos, que fue mostrando al jurado a medida que brindaba testimonio.

Así, se refirió a Joaquín Morales Solá, al Grupo Clarín, a Ernestina Herrera de Noble y a Magdalena Ruiz Guiñazú. En el testimonio hizo alusión, por ejemplo, a la nota publicada en la tapa del diario Clarín en la cual se afirmaba que “fueron abatidos cinco extremistas”. Tres de esos supuestos “extremistas” para el diario Clarín tenían entre 6 meses y 6 años de edad, lo que demuestra la canallada de la nota.

Sobre el actual editorialista de La Nación y ex jefe de la sección Política de Clarín durante la dictadura, Llonto mostró fotos en las que se lo veía con el represor tucumano Antonio Domingo Bussi en un “agasajo” para los medios.

También recordó que actualmente hay un caso abierto a cargo del juez federal Daniel Rafecas en el que se investiga cómo se hizo una nota en la que un periodista de Clarín dice que ingresó a un centro clandestino de detención y entrevistó a detenidos. “El jefe de la sección política del diario en aquel momento era Morales Solá”, apuntó.

Llonto aportó, además, una grabación de un reportaje que Magdalena Ruiz Guiñazú hizo a Videla, en 1977, cuando cubrió un viaje que el dictador hizo a Estados Unidos. “Señor presidente, usted mencionaba la forma distorsionada que en el exterior se presenta nuestra realidad”, se oyó decir a Ruiz Guiñazú.

Posteriormente los fiscales Luis Zarranz y Lucía García leyeron el alegato acusatorio, tras escuchar los testimonio y las pruebas de los testigos: “Esta fiscalía pretende subrayar que este juicio ético y político no está dirigido a la totalidad de los periodistas que actuaron en la dictadura, en cuanto trabajadores de prensa, sino que como se ha evidenciado a lo largo de la declaración de los testigos, procura juzgar a las empresas periodísticas, a sus propietarios y a aquellos periodistas que ocupaban cargos con poder de decisión dentro de esos medios; es decir, no los trabajadores de prensa que sufrieron la dictadura, sino a quienes la convalidaron con sus palabras, sus opiniones, sus acciones”, aclararon.

“Es indiscutible que no hay dictaduras posibles sin complicidad mediática. Es esa cuestión nodal lo que esta fiscalía, con el valioso y valiente testimonio de cada uno de los testigos, pretende juzgar. El asunto más delicado que aquí se nos plantea es el que refiere a la responsabilidad que hizo posible que se secuestrara, torturara, matara y desapareciera a miles de personas en el más tenebroso de los silencios periodísticos. Peor aún, muchos sostenían por entonces que en Argentina había libertad de prensa”, agregaron.

“En otras palabras: el genocidio también fue posible porque los desaparecidos fueron desaparecidos de los diarios, de las radios y de los programas de televisión. Es ahí donde el rol de los medios y de muchos periodistas adquiere una dimensión tremenda, criminal, atroz. ¿Qué es ser periodista si no contar lo que pasa?”, leyeron.

Además, pidieron como medida complementaria “que se impulse la creación de un archivo de la prensa y de los periodistas durante la dictadura, para que todos aporten los materiales de sus trabajos desde el 24 de marzo de 1976 a fin de que las generaciones siguientes sepan bien qué se ocultó y qué se hizo”.

El archivo estará disponible en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y en Internet.

“El periodismo no está ni por encima ni por fuera de la sociedad. Y el desempeño de los periodistas es materia tan opinable como el de cualquier otro profesional. Por último, a todas y todos los presentes, les decimos citando a Rodolfo Walsh: ‘Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance. Mande copia a sus amigos; nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad’, cerraron.

Acto seguido, el Dr. Gandolfo elevó el pedido de condena “contra la prensa cómplice con la dictadura militar representada en las empresas Clarín, propiedad de Ernestina Herrena de Noble y Héctor Magnetto, La Nación, propiedad de las familias Mitre, Noble Mitre de Saguier y Saguier; Editorial Atlántida, propiedad de la familia Vigil; Editorial Perfil, propiedad de la familia Fontevecchia; La Nueva Provincia (Bahía Blanca), propiedad de la familia Massot. Asimismo a los periodistas que hablaron a favor y fueron complacientes con la jerarquía del terrorismo de estado en la argentina por atentar contra la verdad y la valentía periodística. Entre ellos: Mariano Grondona, Claudio Escribano, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñ azú, Samuel Gelblung, Vicente Massot y Máximo Gainza Castro, y no excluyendo de la acusación a todos los demás periodistas y medios que han participado en el encubrimiento del terrorismo de estado. Por eso solicitamos que al momento de solicitar sentencia se los condene como traidores al pueblo de la nación argentina”.

Tras la acusación, Lanteri convocó a los imputados a que hicieran uso de la defensa pero ninguno de ellos se presentó a hacerlo. Así, el jurado –compuesto por las Madres y el público presente- levantó las manos para, finalmente, condenar por unanimidad a todos los imputados.

Por último, Hebe de Bonafini, como presidenta del Tribunal brindó los argumentos políticos de la condena: “Hemos hecho un juicio ético y político irrefutable. Están las pruebas al alcance de todos. Los valientes compañeros que se animaron a venir y a denunciar nos dan las pautas de que las Madres tenemos razón”.

“Desde este lugar, desde esta Plaza que nos dio el nombre, donde habitan permanentemente nuestros hijos, donde nos esperan cada jueves cuando llegamos, donde están sobrevolando seguramente aquí y han inspirado al jurado y a los compañeros que vinieron a denunciar, estoy convencida que en un tiempo no muy lejano los periodistas habrá también un juicio donde los periodistas pidan perdón. Perdón por tanta ignominia, perdón por tanta basura, perdón por haber avalado la tortura. Perdón, eso es lo que haría falta que hagan algunos, aunque no alcanza, pero sería muy bueno que se reunieran algunos periodistas”.

Luego, Hebe añadió: “Reivindicamos a todos los periodistas que desaparecieron por alzar su voz, por darle valor a la palabra periodistas, reivindicamos a todos los trabajadores de prensa despedidos hoy en muchos medios de comunicación. Estamos aquí compañeros trabajadores de prensa, las Madres para acompañarlos. Sabemos, estamos convenidas que esta Plaza es la plaza del pueblo donde el pueblo reclama y exige. Falta tan poquito para el Bicentenario donde el pueblo gritó ‘queremos saber de qué se trata’. Hoy, aquí queríamos saber de qué trabajaba y lo hemos conseguido”.

“Lo decimos las Madres, ustedes, lo dicen nuestros hijos: culpables, culpables de haber traicionado al pueblo, de haber permitido que se mate y se torture, culpables de haber silenciado el horror. Gracias a todos los que vinieron, gracias a todos los periodistas que sintieron que este juicio era serio. Vamos a seguir compañeros, el próximo es el juicio a los jueces”, concluyó entre aplausos.

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